La Administración avisa de que podría confiscarlas y entregarlas a otro fabricante si se han desarrollado con fondos públicos. “Mi Administración propone que si un medicamento fabricado con fondos de los contribuyentes no está razonablemente al alcance de los estadounidenses, el Gobierno se reserve el derecho de intervenir y conceder la licencia de ese medicamento a otro fabricante que pueda venderlo por menos dinero”.