"El que a sabiendas facilitara muebles, inmuebles, instrumentos o medios de transporte para la comisión de delitos relacionados con la prostitución o la explotación sexual será sancionado con la pena privativa de libertad de uno a cuatro años". Es decir, prisión para los dueños de los prostíbulos. Es una de las medidas más duras que recoge este borrador que tiene encima de la mesa la vicepresidenta Carmen Calvo.