El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves el Proyecto de Ley por la que se crea la Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción y se regula el estatuto de protección de los denunciantes. Podrá investigar la corrupción de cualquier entidad que reciba fondos públicos de la Junta de Castilla y León: contratas y subcontratas de la Junta, las universidades públicas -y sus entidades-. los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales que reciban fondos autonómicos, etc.