Casi el 60% de las licencias que tiene concedidas actualmente el Gobierno para producir cannabis con fines médicos y científicos se encuentra en manos de capital extranjero, fundamentalmente de empresas de EEUU, Canadá y Gran Bretaña, las tres potencias mundiales de la industria cannábica regulada, que han visto en España una oportunidad de mercado pese a tratarse de un país donde aún no ha sido legalizado su uso, aunque sí se permite su exportación.