El pasado 3 de octubre llegaba al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la queja del empresario de origen francés Bruno Alexandre Da Silva, afincado en Mallorca desde hace más de 20 años, contra la magistrada Samantha Romero, que fue presidenta del tribunal que absolvió al magnate de la noche mallorquina Bartolomé Cursach y al resto de los acusados del caso Cursach, sobre una mafia policial, política y empresarial.