“Con este tipo de medidas se obstaculiza la participación de la ciudadanía afectada, afectando de manera sustancial los espacios de la Red Natura 2000, estableciendo diferentes varas de medir y alterando principios básicos de la evaluación ambiental”, advierte el presidente de CHA, quien señala la necesidad de adaptar las diferentes legislaciones para regular adecuadamente esta avalancha de proyectos, frente al "todo vale" que deja libre el camino a los intereses especuladores que no miran por el impacto territorial.