El Centro Nacional de Inteligencia pagó con fondos reservados a los dueños de los cayucos en países como Mauritania o Senegal, desde cuyas costas partían los barcos con inmigrantes irregulares procedentes del África subsahariana rumbo a las costas españolas, especialmente las canarias, para que dejaran de transportarlos. Sucedió entre 2006 y 2007, bajo el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.