Pánico en Moncloa. Los activos fiscales diferidos (DTA) eran la fórmula mágica, el santo grial de la contabilidad que permitía a la banca española reforzar su capital en nada menos que €40.800 millones vía ayuda pública a la vez que el Estado Español no tenía, al menos por el momento, que contabilizar esta ayuda ni cómo más déficit ni como más deuda. Ahora estarían considerando que las garantías concedidas por España, a determinados activos fiscales de la banca constituyen ayudas de Estado ilegales que afectan a la competencia comunitaria.