Amañar un concurso público es algo relativamente sencillo. Para los profanos, tendré que empezar comentando que pese a las innumerables disposiciones cuya finalidad es garantizar que la correcta adjudicación de un concurso público, eludir las disposiciones de la ley es bastante fácil, cosa que a estas alturas probablemente ya no les sorprenda. De ahí que casos como la adjudicación de una obra por el Gobierno de Aragón (presidido entonces por Marcelino Iglesias) con un sobrecoste de nada menos que 150 millones sean desgraciadamente habituales.