La CNMC entiende que la multinacional podría estar incurriendo desde hace años en varias ilegalidades. La primera, obligar a las distribuidoras como la denunciante —Dislugo— a vender sus refrescos a un precio determinado a los bares y restaurantes y no permitirles comprar a terceros, porque se arriesgan a que les cancelan el contrato. Delimitarles el territorio de venta. Y otra, recortarles las comisiones pactadas de modo unilateral, lo que para empresas pequeñas como Dislugo ha supuesto pérdidas superiores a 50.000 euros en menos de dos años.