El empresario entregó a la trabajadora un finiquito por despido de 2.500 euros cuya firma falsificó. Estos graves hechos se remontan a febrero de 2011 cuando esta trabajadora fue despedida. Una situación que tras un “largo recorrido” jurídico se resuelve a su favor y será indemnizada con 11 años de salarios de tramitación. El empresario es condenado a un año de cárcel por la querella que presenta la trabajadora por falsificación de documento público, y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ratifica la sentencia.