La primera medida de choque, el confinamiento decretado el 14 de marzo, genera dudas sobre su cobertura misma en el decreto del Gobierno. «No está regulado en la ley ni en la Constitución. En la práctica es un arresto domiciliario, agravado por la actitud de las fuerzas policiales en la calle, que están multando y deteniendo con un exceso de celo que debería ser cuestionado por los tribunales», señala el abogado Carlos Sánchez Almeida.