El acuerdo está dirigido a "despolitizar la Justicia" y lograr la vuelta de "Montesquieu", según ha dicho Albert Rivera, y entre otras cosas plantea una reforma del Estatuto Fiscal que permita que el Congreso de los Diputados pueda "reprobar y cesar" al máximo responsable de la Fiscalía General. También incrementa en cinco años la experiencia exigida a los aspirantes al cargo, que deberán ser elegidos entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de 20 años de ejercicio efectivo de su profesión, en lugar de los 15 actuales.