El Grupo de Expertos contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa (GRETA) se queja de forma general de que, si bien la Administración española actúa contra la explotación sexual de mujeres y chicas, "se hace mucho menos para detectar e identificar a víctimas de otras formas de explotación, en particular la laboral". El Consejo de Europa señala que no había acceso al agua potable ni electricidad en los asentamientos, y que carecían de condiciones de salubridad.