El Ministerio de Defensa subcontrató auxiliares en condiciones irregulares e ilegales a cambio de comisiones. La empresa cesionaria, que obtuvo la licitación a cambio de dinero y regalos a altos mandos militares detenidos por la Guardia Civil en la Operación KPanda, creó una empresa pantalla, despidió ilegalmente a trabajadores y rebajó al resto al salario mínimo, dejando ahora de pagarles. Ocurre en centros de toda España. Uno de los despedidos ha llevado el caso hasta el Tribunal Supremo. Los grandes medios de comunicación callan. ¿Por que?