Hasta aquí tenía la percepción de que la corrupción era la excepción en el ámbito de las administraciones públicas. Creía que la mayor parte de los/as ministros/as, consejeros/as autonómicos, diputados/as provinciales, regionales y nacionales, concejales/as y alcaldes/as de Ayuntamientos eran buena gente, preocupados por el interés general, que no buscaban el lucro personal a través del desempeño de su tarea. Confieso que en los últimos tiempos esta creencia se me ha venido abajo.