La legislación británica le pedía un test de antígenos que realizó en una farmacia y que luego debió subir a la página web de Vueling, junto con el certificado de vacunación. Recibió un documento que le decía estaban “correctamente validados”. A la hora de embarcar en el aeropuerto de Santiago, se encontró con que no podía subir porque la legislación británica solo admite pruebas en castellano, inglés o francés. Quedó en tierra, junto con su mujer, su hijo, y una pareja en la misma situación. Y sin devolución del importe.