Durante muchos años los gobiernos de neto corte liberal han sostenido (y lo siguen haciendo) el principio de las privatizaciones para reducir el gasto público. Con la excusa de la ineficiencia estatal (a veces con razón impulsan) una oleada de privatizaciones en el sector público que terminan, indefectiblemente, por desmantelar el aparato público de la sanidad, de los servicios públicos en general y de la educación fundamentalmente, para favorecer un sector muy limitado de pseudo inversionistas.