La presidenta Cristina Kirchner anunció la aplicación "por primera vez" de la llamada Ley Antiterrorista, en el caso de la imprenta Donnelley, a la que el Estado nacional denunció penalmente por pedir "una quiebra que no es tal" para "generar un clima de temor por el cierre de fábricas". "Hemos formulado una denuncia penal ante la Justicia federal por alteración al orden económico y financiero", explicó