Los acontecimientos, como narra la lucense y madre de una de las afectadas, Pilar García, empezaron cuando los jóvenes abandonaron la residencia a mediados de marzo con motivo de la emergencia sanitaria, dejando todas sus pertenencias en el edificio. Cuando se disponían a volver para recogerlas este mes se encontraron con que se les exigía "firmar un papel que supone, según el abogado, renunciar a la demanda para que nos devuelva el dinero. En torno a 1.500 euros por chico", relata la madre.