La ley Trans invierte la carga de la prueba y el acusado de discriminar deberá demostrar su inocencia. El propietario de una vivienda que rechace alquilarla a una pareja porque no le gusten los gais o que no renueve el contrato de arrendamiento a otra porque se ha enterado de que son lesbianas se enfrentará a una multa de hasta 150.000 euros.