El Ministerio debía haber abandonado las dependencias el 9 de octubre según un convenio firmado con el Gobierno canario y el Ayuntamiento. Los reiterados incumplimientos de los plazos obligó a la Comunidad a abrir en enero un expediente de desahucio a punto de resolución administrativa. Jefatura lleva a cabo la mudanza de forma caótica, con dos adjudicaciones del operativo, al negarse una empresa a seguir trabajando "fuera de contrato".