Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta desmontaron 60.000 hectáreas en el primer semestre del año. Los datos, surgidos de un informe de Greenpeace, confirman la complicidad política y empresaria para el avance del agronegocio, la ganadería y el sector forestal. En Chaco aprobaron, de madrugada y de espaldas a la población, una normativa que pone en riesgo un millón de hectáreas.