Por eso, el denominado Caso Barbulescu es considerado como la sentencia que sienta jurisprudencia en toda Europa. En su sentencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) enumera una serie de puntos que deben cumplirse por el empresario para que esté justificado que acceda al ordenador del trabajador, a fin de poder comprobar si su uso es correcto. Da igual el medio tecnológico utilizado para defender un despido: además de informar sobre él, su uso debe ser proporcional, idóneo y el menos intrusivo.