David Llorente, asegura que algunos de esos activistas -incluido él- están ahora representando a la ciudadanía en las instituciones con el objetivo de "seguir luchando por el derecho a la vivienda". Preocupante es el hecho de que los representantes institucionales consideren “resistencia y desobediencia a la autoridad” el intento de evitar el desahucio de una jubilada y su hijo discapacitado, pero más preocupante aun es que con este tipo de reivindicaciones sociales las arcas públicas