Tras cinco años de compleja instrucción de la macrocausa de los ERE, dividida en nueve piezas distintas y con unos 270 imputados, era previsible que hubiera prescripción de delitos. Se había advertido ya por parte de la Fiscalía Anticorrupción, y hasta 13 veces en los últimos tres años por la propia Junta de Andalucía, e incluso mostró su preocupación el fiscal general de Andalucía, Jesús García Calderón.