Se trata de una legislación, aún no demasiado conocida, con la que se buscó poner fin a las discrepancias entre agricultores, ganaderos, empresas de alimentación y distribuidores. La base: las prácticas comerciales y los precios que se pagan a los diferentes eslabones de la cadena de producción, donde los primeros suelen salir perdiendo. Solo dos de las multas impuestas han sido por pagar a los proveedores por debajo de su coste de producción, la denominada 'venta a pérdida' que llevan años criticando los agricultores y ganaderos