Además, prevé penas de prisión de hasta 5 años para "acciones públicas" que busquen desprestigiar el empleo de la Fuerzas Armadas rusa en "la defensa de los intereses de Rusia y sus ciudadanos, en la preservación de la seguridad y paz internacional". Por último, la innovación legislativa castiga con hasta 3 años de prisión los llamamientos a otros países a establecer sanciones contra Rusia.