En un comunicado, los ecologistas han recordado que, pese a que la autorización de explotación fue otorgada hace solo dos años, ahora la filial de la canadiense Strategic Minerals se ha declarado insolvente, sin que se le impusiesen avales suficientes para acometer la restauración de la mina. Este "favor" a la empresa, según critica, saldrá "caro", ya que la restauración efectiva de la zona podría elevarse a los 30 millones de euros. Además, señala que la compañía minera dejó de pagar el alquiler de los terrenos a la comunidad de montes.