Son 127 periodistas asesinados desde 2000. Y 20 casos de desaparición forzada desde 2005. Y 51 ataques a medios de comunicación desde 2006. Y 604 casos en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión, de los que solo el 5 por ciento ha derivado en sentencias condenatorias. Artículo 19 ha denunciado que en los últimos diez años más de la mitad de las amenazas a periodistas proviene de servidores públicos. Y Amnistía Internacional lo que denomina “la alarmante situación de la libertad de expresión en el país”.