España es el país con más pleitos abiertos ante los tribunales internacionales de arbitraje junto con Venezuela, Argentina y Egipto. La oleada de demandas por la retroactividad en renovables no ha hecho más que empezar en un país con una dependencia energética del petróleo y del gas equivalente al 5% del PIB. La poca transparencia de los mercados de hidrocarburos o el deseo de convertir a España en un gran centro de intermediación gasista no garantiza la seguridad de suministro sino negocios que poco tienen que ver con la seguridad nacional.