Ni un euro de los 1.582 millones que varios tribunales privados han dictaminado que España debe pagar a docena y media de fondos de inversión e inversores internacionales por la retirada de ayudas al despliegue de las renovables durante las etapas de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy ha salido de las arcas públicas pese a que el primer fallo data de 2017.