En junio de 2012, España enfrentaba una crisis financiera que amenazaba con hacerla colapsar. Los rumores sobre la posible ruptura del euro y las crecientes dudas sobre la salud de su sector bancario, destrozado por la burbuja inmobiliaria, llevaron al gobierno de Mariano Rajoy a pedir ayuda a la Unión Europea. Para evitar el coste político de una nefasta gestión, se prometió a la nación que el rescate no costaría un euro a los contribuyentes. Sin embargo, estas palabras eran meras promesas vacías.