El Gobierno de España no utilizó todos sus recursos para que EE UU investigara a fondo la muerte del cámara de Telecinco José Couso, asesinado por el disparo de un tanque durante la invasión de Bagdad (Irak), en abril de 2003. Así lo determinó la Audiencia Nacional, y así lo ha confirmado ahora el Tribunal Supremo, quien ratifica que el Estado debe indemnizar a la familia de Couso con 182.290 euros. El magistrado Wenceslao Olea asume la tesis de la instancia previa al considerar que se dio "la callada por respuesta".