Aspectos tan básicos como que a una persona detenida en comisaría que no entienda ni hable el idioma se le facilite un intérprete o traductor, o el derecho a tener toda la información sobre el procedimiento penal que está en curso, no se cumplen regularmente en el Estado español, según la Unión Europea. Para evitar casos como los anteriores, se han aprobado recientemente tres directivas europeas. Estas directivas son normas comunitarias que vinculan a todos los Estados miembros.