Difícilmente podría haberse hecho peor: primero, el Estado retendrá la mayoría accionarial sobre Aena, de manera que seguirá siendo pública; segundo, el Gobierno seleccionará arbitrariamente a ese 21% de “accionistas de referencia” con tal de repartir el núcleo duro de la compañía entre sus amigotes; y tercero, los 2.500 millones que espera recaudar el Estado no serán redistribuidos entre los españoles -los presuntos dueños de la compañía parcialmente privatizada- sino entre los ministros del Ejecutivo para dilapidarlos a discreción.