El propósito de estas prácticas era vender la sangre a clínicas veterinarias de la Comunidad de Madrid: 80 € por 400 ml en el caso de los perros; y 85 € por 40 ml de sangre de gato. El querellado contaba con unas instalaciones en el municipio madrileño de Humanes donde tenía a los animales, fundamentalmente gatos y perros.