El fiscal de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, ha concluido las investigaciones prejudiciales sobre la relevancia penal de los comportamientos del Rey emérito y ha llegado a la conclusión de que la inviolabilidad de la que gozó por mandato del artículo 56.3 de la Constitución hasta su abdicación el 19 de junio de 2014 le impide interponer una querella criminal contra Juan Carlos I ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, instancia en la que el anterior jefe del Estado está aforado.