La Fiscalía Anticorrupción no veía clara desde un principio la investigación abierta contra los empresarios del 1-O y que culminó el pasado 28 de octubre en una macrooperación con 21 detenciones y 31 registros. La Fiscalía no solicitó ninguna medida cautelar,ni prisión provisional, ni retirada de pasaporte, ni comparecencias periódicas al juzgado, para ninguno de los detenidos, a pesar de que habían pasado dos noches en los calabozos de la Guardia Civil y se negaron a declarar.