El Ministerio Público está centrado en dar la batalla ante las revisiones de condenas que ya eran firmes antes de que entrara en vigor la nueva regulación y que se han visto reducidas en virtud del principio básico del derecho que obliga a aplicar al reo la ley penal más favorable. Al menos 721 condenas se han visto reducidas, según los últimos datos oficiales difundidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
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