La declaración de independencia fue un acto simbólico sin consecuencias jurídicas. Así lo defendieron Carme Forcadell y el resto de los miembros de la Mesa del Parlament imputados ante el juez del Tribunal Supremo Pedro Llarena en una primera demostración de cual va a ser el eje de su defensa. Ahora han dado un segundo paso, al presentar como prueba el acta de la reunión de la Mesa en la que se aprobó admitir a trámite la votación de la resolución presentada por JxS y la CUP que suponía la proclamación de la república.