Bruselas ya ha informado a España de que llevará a cabo en octubre una auditoría para evaluar tanto la efectividad de los controles como de las medidas que supuestamente se han tomado. En función de los resultados, se podrá detener la circulación de estos productos en el mercado comunitario. Según informa El País, el engaño afectaría a unas 25.000 toneladas de atún cada año y supondría unas ganancias de 200 millones de euros.