“Los funcionarios llevan unos guantes especiales y normalmente las palizas y vejaciones ocurren donde no hay cámaras”, aseguró Bárcenas, quien añadió que no tenía pruebas, pero que había “sido testigo” de esas supuestas agresiones. “Nos querellaremos contra él y solicitaremos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que se persone en la posible causa para preservar la imagen de un colectivo de más de 24.000 trabajadores que dependen del Ministerio del Interior”, reclamó el responsable del área de prisiones del sindicato.