De cristalizar, la medida supondría incorporar a España al creciente grupo de países europeos (el Reino Unido, Italia, Grecia, Hungría) que en los últimos tiempos han endurecido la fiscalidad sobre las firmas eléctricas y petroleras. En el primer caso, el Gobierno del conservador Boris Johnson anunció hace dos semanas una “tasa finalista y temporal” del 25% sobre los “beneficios energéticos”. Los ingresos de esta figura fiscal para las arcas públicas se estiman en más de 5.800 millones de euros.