El Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho oídos sordos a la sentencia del Tribunal Supremo de hace tan sólo dos meses y mantiene la prohibición de nuevas plantaciones de uva de cava para las tres próximas campañas, tal y como publica este miércoles el BOE. Esta decisión respalda la política del Consejo Regulador del sector, con sede en Villafranca del Penedés (Barcelona), e impide el desarrollo del mercado emergente, al menos hasta el 2022, en regiones como Extremadura y la Comunidad Valenciana, entre otras, que vienen multiplicando sus ventas.