Al fondo podrán adherirse libremente trabajadores del sector privado, empleados públicos y autónomos, y la empresa deberá aportar al menos la misma cantidad que el trabajador, aunque lo "habitual", reconocen fuentes ministeriales, será que ambas salgan del mismo apartado: el salario bruto del empleado. El trabajador podrá llegar a deducirse 5.750 euros anuales y se prevé que el fondo se apruebe definitivamente antes de junio de 2022, la fecha comprometida con Bruselas.