Las concesiones de autopistas se rigen en España por un principio básico para sus intereses: nada, absolutamente nada podrá alterar el equilibrio financiero de sus contratos. Si las administraciones públicas titulares de las infraestructuras que gestionan modifican con alguna orden o mandato las condiciones de su negocio, tendrán que recibir a cambio una compensación. Y esa reparación consta entre las medidas extraordinarias que el Gobierno central adoptó el 17 de marzo para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus