El Gobierno estudia aprobar un decreto ley que permitiría a las empresas catalanas trasladar su sede a otra comunidad autónoma sin necesidad de que organicen una junta de accionistas, algo que actualmente es imprescindible en empresas como Caixabank, cuyos estatutos no permiten el cambio de sede con un mero acuerdo del consejo de administración, sino que requieren la aprobación de los accionistas.