El Gobierno planta cara a la reclamación colectiva presentada por UGT en enero, en la que denunciaba que España incumple la Carta Social Europea al no obligar a pagar las horas extraordinarias con un porcentaje adicional respecto a la jornada ordinaria. El Gobierno sostiene que la normativa laboral española proporciona suficiente flexibilidad para que los convenios adapten las compensaciones a las necesidades de cada sector.