El Gobierno trata de recuperar el dinero que pagó por los 640.000 test de antígeno que compró a través de un distribuidor español a la empresa china Bioeasy. Lo hace tras comprobar que las pruebas con las que la compañía pretendía reemplazar a las originales, que son de antígeno pero usan un método distinto, no funcionan. Como ocurrió la primera vez, tampoco estas cuentan con la sensibilidad necesaria, es decir, tienen una alta probabilidad de no detectar el coronavirus en una persona que esté efectivamente contagiada.